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Vigilancia del Crimen: 26 de septiembre de 2013

Dos se declaran culpables de conspiración internacional para el fraude de tarjetas de crédito por 200 millones de dólares

Un neoyorquino admitió su papel en uno de los mayores fraudes con tarjetas de crédito que ha acusado el Departamento de Justicia tras la declaración de culpabilidad de otro conspirador, según anunció el fiscal de Nueva Jersey, Paul J. Fishman.

Vigilancia del Crimen: 26 de septiembre de 2013
Vigilancia del Crimen: 26 de septiembre de 2013

Qaiser Khan de Valley Stream, Nueva York, se declaró culpable el 17 de septiembre de una información que lo acusaba de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. Shafique Ahmed de Floral Park, Nueva York, se declaró culpable el 11 de septiembre de una información que lo acusaba de conspiración para cometer fraude bancario.

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas en el tribunal, Khan y Ahmed fueron acusados originalmente en febrero de 2013 como parte de una conspiración para fabricar más de 7.000 identidades falsas para obtener decenas de miles de tarjetas de crédito. Los miembros de la conspiración adulteraron los informes de crédito para aumentar el poder de gasto y de préstamo asociado a las tarjetas. Luego pidieron prestado o gastaron todo lo que pudieron, basándose en el historial de crédito falso, pero no pagaron las deudas – causando más de 200 millones de dólares en pérdidas confirmadas a empresas e instituciones financieras.

El plan comprendía un proceso de tres etapas en el que los acusados se inventarían una identidad falsa creando documentos de identificación fraudulentos y un perfil crediticio fraudulento con las principales oficinas de crédito; aumentarían el crédito de la identidad falsa proporcionando información falsa sobre la solvencia crediticia de esa identidad a esas oficinas de crédito; y, por último, concederían grandes préstamos.

El alcance de la empresa de fraude criminal requería que Khan, Ahmed y sus conspiradores construyeran una elaborada red de identidades falsas. En todo el país, los conspiradores mantenían más de 1.800 “direcciones de entrega”, incluidas casas, apartamentos y apartados de correos, que utilizaban como direcciones de correo de las identidades falsas.

Khan y Ahmed admitieron que ayudaron a obtener tarjetas de crédito a nombre de terceros -muchos de los cuales eran ficticios- y luego dirigieron las tarjetas de crédito para que fueran enviadas a direcciones controladas por los miembros de la conspiración. También admitieron que sabían que las tarjetas se usarían de forma fraudulenta en los negocios.

Los cargos a los que Khan y Ahmed se declararon culpables conllevan una pena máxima potencial de treinta años de prisión y una multa de un millón de dólares, o el doble de la ganancia o pérdida causada por el delito.

Los dos acusados están programados para ser sentenciados de la siguiente manera: Khan el 6 de enero de 2014, y Ahmed el 30 de octubre de 2013.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosNueva Jersey

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El Departamento de Justicia prevalece en el caso del refugio fiscal “STARS”; el tribunal impone más de 100 millones de dólares en multas

El 20 de septiembre, el Tribunal de Reclamaciones Federales de Washington, DC, dictaminó que una filial de la Corporación BB&T no tenía derecho a los 660 millones de dólares en beneficios fiscales que BB&T reclamaba por su participación en un refugio fiscal abusivo conocido como Structured Trust Advantaged Repackaged Securities (STARS). El juez Thomas C. Wheeler, que emitió el dictamen del Tribunal, impuso 112 millones de dólares en sanciones.

Barclays Bank PLC y KPMG LLP desarrollaron y comercializaron conjuntamente la transacción STARS para subvertir las normas de crédito fiscal extranjero y generar beneficios fiscales ilícitos que se repartirán entre los participantes de la transacción.

BB&T además empleó a Sidley & Austin LLP para proporcionar asesoramiento fiscal que apoyara la transacción. Después de escuchar las pruebas durante un mes de juicio en marzo, el juez Wheeler dictaminó para los Estados Unidos “sobre todos los fundamentos”, determinando que la conducta de BB&T, Barclays, KPMG y Sidley Austin con respecto a STARS era “nada menos que censurable”, y que el considerable esfuerzo puesto en la transacción era un “desperdicio de potencial humano”.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Hombre de Massachusetts acusado de fraude fiscal

El Departamento de Justicia y el IRS anunciaron que un gran jurado federal en Providence, Rhode Island, presentó el 18 de septiembre una acusación de cinco cargos contra John Fall de Milton, Massachusetts, con un cargo de intento de corrupción para obstruir e impedir el IRS, un cargo de evasión fiscal y tres cargos de ayuda y asistencia en la preparación y presentación de declaraciones de impuestos corporativas e individuales falsas.

Según la acusación, Fall era un consultor inmobiliario que compraba, vendía e intermediaba en bienes raíces. Fall también participó en el manejo de los asuntos financieros de su esposa y sus negocios, incluyendo su consultorio dental, Comfort Dental Inc., así como Broad Street Investments. La acusación alega que entre 1999 y 2010, Fall usó numerosos nombres de empresas y nombres de personas nombradas para ocultar sus negocios y transacciones financieras.

Fall también utilizó múltiples cuentas bancarias, incluidas cuentas bancarias mixtas o de “depósito”, en al menos cuatro estados del país, todo ello con el fin de ocultar sus transacciones financieras, así como ciertas transacciones financieras de Comfort Dental y Broad Street Investments. Para disfrazar aún más las transacciones comerciales y financieras, los documentos judiciales alegan que Fall utilizó nombres y alias falsos para ocultar su propiedad y control sobre sus entidades nominadas.

La acusación alega que Fall presentó declaraciones falsas para 1998 y 1999, y que no presentó ninguna declaración para los años 2000 a 2010. El IRS auditó a Fall para los años 1998 a 2000, evaluando sus impuestos colectivamente por un total de aproximadamente 72.000 dólares. Según la acusación, Fall cometió evasión fiscal al intentar frustrar la recaudación de estos impuestos por parte del IRS mediante el uso de múltiples nominados, nombres de empresas y nombres y alias falsos para disfrazar transacciones financieras y activos de títulos, mediante el uso de cuentas bancarias mezcladas, mediante el uso extensivo de dinero en efectivo y mediante la presentación de documentos falsos y fraudulentos en el tribunal federal negando la propiedad y el control de los fondos solicitados por el IRS para pagar los impuestos que debía.

En el acta de acusación se alega además que Fall hizo que las declaraciones de impuestos presentadas por Comfort Dental para los años 2005 a 2007, así como las declaraciones de impuestos individuales de su esposa para 2005 y 2006, fueran falsas. Fall hizo que los negocios de su esposa hicieran pagos a sus diversas entidades que fueron registrados falsamente como gastos comerciales deducibles. Según los documentos del tribunal, Fall también hizo que la declaración de impuestos individual de su esposa reflejara una pérdida de capital para el año fiscal 2006 cuando, según la acusación, ella recibió una ganancia de capital por la venta de la propiedad.

Cuando se realizó la auditoría de Comfort Dental y la esposa de Fall entre 2008 y 2009, la acusación alega que Fall intentó obstruir la auditoría alentando al contador de su esposa a no proporcionar al IRS la información solicitada mediante una citación, y al proporcionar información y documentación falsa y fraudulenta al IRS sobre la naturaleza de los pagos de Comfort Dental y Broad Street Investments a sus diversas entidades. Fall también intentó obstruir el cumplimiento de su esposa con una citación del IRS.

El cargo de evasión fiscal conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares. El cargo de obstrucción del IRS y los cargos de ayuda e instigación de declaraciones falsas conllevan cada uno una sentencia máxima de tres años de prisión y una multa de 250.000 dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Residentes de Idaho condenados por conspiración, obstrucción de la justicia, fraude electrónico y fraude fiscal

Elaine Martin de Meridian, Idaho, ex presidenta y accionista mayoritaria de MarCon, Inc., fue condenada por un jurado federal en Boise el 19 de septiembre por veintidós cargos penales, incluidos cuatro cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas individuales y corporativas, dos cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, cinco cargos de fraude por cable, cinco cargos de fraude postal, un cargo de declaración falsa, tres cargos de transporte interestatal de bienes tomados por fraude, un cargo de conspiración para obstruir la justicia y un cargo de obstrucción de la justicia.

El coacusado de Martin, Darrell Swigert, de Boise, accionista minoritario de Marcon, fue declarado culpable de dos cargos de obstrucción de la justicia y un cargo de conspiración para obstruir la justicia. La sentencia de ambos acusados se ha fijado para el 9 de diciembre.

Durante el juicio de veintiséis días, el jurado escuchó la evidencia de que ya en el año 2000, Martin presentó solicitudes falsas y fraudulentas para que su compañía de construcción, Marcon, fuera admitida y/o permaneciera en dos programas diferentes financiados por el gobierno federal, el Programa 8(a) de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA) y el Programa de Empresas Comerciales Desfavorecidas del Departamento de Transporte (DBE). Ambos programas están diseñados para ayudar a las empresas en desventaja económica y social a competir en el mercado. Para ser admitido en el programa, el propietario/accionista que califique como socialmente desfavorecido debe también demostrar desventaja económica, en parte por tener un patrimonio neto personal por debajo de un cierto tope estatutario.

Según las pruebas presentadas en el juicio, Martin tomó medidas para reducir artificialmente su patrimonio personal, como la adquisición, la tenencia y la transferencia de activos a nombre de los nominados, a fin de aparentar una situación de desventaja económica. Esto permitió a la empresa constructora de Martin, MarCon, calificar para los programas DBE y SBA 8(a). Martin también provocó que se presentaran declaraciones de impuestos falsas y fraudulentas para ella y Marcon, Inc., que no reportaron todos los ingresos recibidos por Martin o la compañía. Las declaraciones falsas se presentaron en apoyo de las solicitudes de Marcon al programa SBA 8(a) y a los programas DBE para Idaho y Utah, junto con falsos estados financieros personales. El gobierno presentó pruebas de que Martin omitió, borró, alteró y clasificó erróneamente las entradas en los libros y registros financieros de Marcon. Martin también ocultó su papel o relación en otras entidades comerciales que trataban con Marcon, Inc.

El jurado escuchó pruebas de que Marcon recibió más de 2,5 millones de dólares en contratos gubernamentales basados en el estatus SBA 8(a) obtenido fraudulentamente por la compañía, y que Marcon recibió más de 15 millones de dólares en contratos gubernamentales basados en el estatus DBE obtenido fraudulentamente por la compañía en los estados de Idaho y Utah.

El gobierno presentó pruebas de que para impedir una auditoría del IRS sobre MarCon y una investigación criminal sobre Martin, Martin y Swigert conspiraron para obstruir la justicia fabricando documentos y haciendo declaraciones falsas que buscaban ocultar la verdadera naturaleza, fuente y extensión de la propiedad perteneciente a Martin.

El gobierno está buscando 9.237.722,10 dólares de decomiso de Martin, que representa el producto obtenido como resultado de la conducta criminal.

El cargo de hacer y suscribir una declaración falsa se castiga con hasta tres años de prisión y hasta tres años de libertad vigilada. El cargo de conspiración se castiga con hasta cinco años de prisión y hasta tres años de libertad vigilada. La estafa por cable se castiga con hasta veinte años de prisión y hasta cinco años de libertad vigilada. El cargo de hacer una declaración falsa se castiga con hasta dos años de prisión y hasta un año de libertad supervisada. El cargo de fraude postal se castiga con hasta veinte años de prisión y hasta cinco años de libertad supervisada. Cada cargo de transporte interestatal de bienes robados por fraude se castiga con hasta diez años de prisión y hasta tres años de libertad supervisada. Los cargos de conspiración para obstruir la justicia y obstrucción de la justicia se castigan con penas de hasta cinco años de prisión y hasta tres años de libertad vigilada. Los cargos mencionados se castigan con una multa máxima de 250.000 dólares cada uno, por cada cargo.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Idaho

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Ex juez del Tribunal de Tráfico de Filadelfia se declara culpable del plan que defraudó a Pennsylvania de los fondos de subvención del Estado

El ex juez del Tribunal de Tráfico de Filadelfia, Robert Mulgrew, de Filadelfia, se declaró culpable el 19 de septiembre de fraude postal y de conspiración para cometer fraude postal en relación con un plan para defraudar al Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico de Pensilvania (DCED). Mulgrew también se declaró culpable de presentar una declaración de impuestos falsa.

Mulgrew y la coacusada Lorraine Dispaldo, que previamente se había declarado culpable, se involucraron en un plan para recibir fraudulentamente y hacer mal uso de los fondos de subvención del estado de Pennsylvania otorgados a grupos sin fines de lucro. Entre 1996 y 2008, el DCED otorgó cientos de miles de dólares en subvenciones a dos grupos comunitarios con los que Mulgrew y Dispaldo estaban asociados. El DCED otorgó más de 450.000 dólares en subvenciones a los Amigos de Dickinson Square (FDS) con el entendimiento de que las subvenciones se utilizarían para comprar equipo y materiales para el mantenimiento del Parque de Dickinson Square en Filadelfia y la revitalización del vecindario circundante.

Mulgrew, el vicepresidente de la FDS, firmó los contratos de subvención de la FDS con el DCED. El DCED también otorgó aproximadamente 397.000 dólares en subvenciones a la Comunidad de Comunicaciones Policiales (CPC) con el entendimiento de que las subvenciones se utilizarían para comprar equipo de comunicaciones para la policía y para comprar materiales para asegurar los terrenos y edificios vacíos para la protección de la policía. Dispaldo firmó los contratos de subvención de la CPC con el DCED.

Los acusados tergiversaron sus intenciones ante el DCED y, contrariamente a su acuerdo de gastar los fondos de la subvención únicamente para comprar equipo y materiales para la revitalización del vecindario y la mejora de las comunicaciones con la policía, los acusados usaron miles de dólares de la subvención para pagar a los familiares y asociados de Mulgrew. Declararon que pagaban por el trabajo hecho en nombre de la FDS y el CPC. Después de distribuir los fondos de la subvención a los parientes y asociados, los acusados proporcionaron información falsa y engañosa al DCED para ocultar la cantidad real de fondos de subvención que pagaron a los parientes y asociados en contra de los propósitos expresos de la subvención.

Mulgrew y Dispaldo gastaron miles de dólares en subvenciones para sus propios usos personales. Mulgrew se reembolsó indebidamente de los fondos de FDS por los miles de dólares de gastos que, según él, fueron realizados por FDS cuando no lo eran y por sus gastos por artículos no autorizados en los términos de las subvenciones de FDS. Mulgrew y Dispaldo suministraron al DCED documentos falsos para ocultar su propio uso de los fondos de las subvenciones y otros usos indebidos de los fondos.

Mulgrew no informó de los ingresos adicionales del plan de fraude en su declaración de impuestos y reclamó deducciones comerciales falsas que redujeron indebidamente su responsabilidad fiscal.

Mulgrew se enfrenta a una sentencia máxima posible de veintitrés años de prisión, cinco años de libertad supervisada, restitución al IRS y restitución al Estado de Pennsylvania. Dispaldo, que se declaró culpable en abril, tiene prevista su sentencia para el 25 de noviembre.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Pennsylvania

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Empleado del Estado de Alabama condenado por proporcionar nombres en un plan de robo de identidad

Lea’Tice Phillips del condado de Montgomery, Alabama, fue condenada el 23 de septiembre a cumplir noventa y cuatro meses de prisión, según anunciaron el Departamento de Justicia y el Fiscal del Distrito Medio de Alabama. Phillips también fue condenada a pagar una restitución de 567.631 dólares. Phillips se había declarado culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad agravado el 30 de mayo por su papel en un plan de fraude de devolución de identidades robadas.

Según los documentos del tribunal, Phillips trabajaba para un organismo estatal de Alabama y tenía acceso a las bases de datos estatales que contenían formas de identificación de las personas. Entre octubre de 2009 y abril de 2012, Phillips conspiró con Antoinette Djonret y otros para presentar declaraciones de impuestos falsas utilizando identidades robadas. En múltiples ocasiones, Phillips accedió a una base de datos estatal para obtener una identificación que luego envió a Djonret utilizando el correo electrónico de su estado.

Djonret y otros usaron la identificación robada para presentar declaraciones de impuestos falsas, en su mayoría de la residencia de Djonret en Montgomery. Djonret y sus co-conspiradores usaron una elaborada red de individuos para lavar las devoluciones de impuestos. Reclutaron a personas para que compraran tarjetas de débito prepagas en su nombre. Las devoluciones de impuestos obtenidas fraudulentamente fueron dirigidas a las tarjetas de débito prepagas que Djonret y sus co-conspiradores utilizaron para obtener el producto. Algunas de las tarjetas de débito prepagas estaban a nombre de Phillips.

En total, Djonret presentó más de 1.000 declaraciones de impuestos falsas que reclamaban más de 1,7 millones de dólares en devoluciones de impuestos fraudulentas. Antoinette Djonret fue condenada a doce años de prisión por su papel en la conspiración.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Alabama

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Preparador de la declaración de impuestos de California arrestado por fraude fiscal

El dueño y operador de un negocio de preparación de impuestos en Oxnard, Lozano & Asociados – Ayuda, fue arrestado el 24 de septiembre por conspirar para defraudar al IRS.

Rodrigo Paul Lozano, que también se hace llamar “El Profe”, fue acusado en una acusación devuelta por un gran jurado federal el 20 de septiembre. La acusación de un solo cargo acusa a Lozano de conspiración para defraudar a los Estados Unidos con respecto a las reclamaciones.

En la acusación se alega que, a partir de una fecha desconocida y hasta por lo menos junio de 2012, Lozano conspiró para defraudar a los Estados Unidos preparando y presentando al IRS declaraciones de impuestos sobre la renta fraudulentas que contenían reclamos falsos de reembolsos de impuestos sobre la renta.

Según la acusación, Lozano instruiría a sus empleados para que utilizaran documentos de identificación fraudulentos para preparar declaraciones de impuestos federales sobre la renta fraudulentas. Las declaraciones falsas fueron presentadas al IRS reclamando reembolsos fraudulentos bajo un programa que permite a los individuos calificados buscar reembolsos basados en hijos dependientes.

Lozano ordenó que el pago de los reembolsos de las declaraciones de impuestos fraudulentas se enviara por correo a su residencia, a sus locales comerciales o se depositara electrónicamente en una cuenta bancaria a nombre de su nominado. Lozano ordenaría a su candidato que retirara el producto de las devoluciones del impuesto sobre la renta en forma de efectivo y cheques de caja, a menudo en cantidades que Lozano consideraba que no activarían los requisitos de notificación de transacciones monetarias para las instituciones financieras, y que pagara dicho producto a Lozano. Lozano utilizaría parte del producto de los impuestos fraudulentos para pagar a los conspiradores.

Según la acusación, trabajando bajo la dirección de Lozano, un conspirador abrió una cuenta bancaria en Oxnard con el fin de recibir depósitos electrónicos de reembolsos fraudulentos del impuesto sobre la renta para pagar las declaraciones de impuestos sobre la renta fraudulentas preparadas bajo la dirección de Lozano. Entre enero y marzo de 2011, Lozano hizo que se depositaran en esta cuenta aproximadamente 218 devoluciones electrónicas de impuestos sobre la renta por un total de más de 600.000 dólares. Lozano obtuvo una parte de los fondos a través de retiros, transferencias y cheques de caja.

Si es declarado culpable de los cargos contenidos en la acusación, Lozano se enfrenta a una sentencia máxima legal de diez años de prisión federal y multas por un total de 250.000 dólares.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – California

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El Departamento de Justicia demanda detener al preparador de la declaración de impuestos de Georgia

Estados Unidos presentó una queja pidiendo a un tribunal federal de Atlanta que prohibiera a Joan Leger y a su compañía, The 1804 Tax Group Inc., que hace negocios como Liberty Tax Service, que preparara declaraciones de impuestos federales para otros, anunció el Departamento de Justicia el 24 de septiembre.

En la denuncia se alega que desde 2009 Leger, que reside en Stone Mountain (Georgia), y las empresas de preparación de impuestos que posee han preparado casi 6.000 declaraciones de impuestos. Según la denuncia, Leger subestima las obligaciones fiscales de sus clientes y exagera sus reembolsos creando o inflando las deducciones, los salarios, los ingresos, los gastos o los créditos con el fin de maximizar el crédito fiscal por ingresos obtenidos, además de reclamar erróneamente otros créditos y deducciones. Las prácticas de Leger incluyen la fabricación de pérdidas para negocios inexistentes o negocios que no son propiedad del contribuyente ni son operados por él, reclamando falsamente gastos comerciales no reembolsados y reclamando falsamente el crédito fiscal educativo. En total, la queja del gobierno alega que las pérdidas para el Tesoro de los EE.UU. por las actividades de Leger pueden superar los 2 millones de dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.