Por Frank Byrt
La Corte Suprema de los Estados Unidos anunció que revisará una demanda que involucra la práctica del IRS de imponer 40 por ciento de penalidades en supuestos refugios fiscales abusivos.
El caso surge del uso de una estrategia de evasión de impuestos conocida como «las opciones actuales traen alternativas de recompensa» (COBRA) empleada por el multimillonario de Texas Billy Joe «Red» McCombs y su socio Gary Woods. McCombs es cofundador de Clear Channel Communications y antiguo propietario de los Vikingos de Minnesota y los San Antonio Spurs.
Bajo COBRA, los dos hombres usaron las pérdidas de papel para compensar las ganancias reales y reducir su responsabilidad fiscal. McCombs y Woods compraron y vendieron opciones sobre divisas extranjeras en 1999 para generar pérdidas de papel utilizadas para compensar las ganancias relacionadas con las empresas de equipos deportivos profesionales de McCombs.
El gobierno dijo que McCombs y Woods, siguiendo el consejo de Ernst & Young, pudieron reclamar 45 millones de dólares en pérdidas por transacciones que en realidad sólo les costaron 1,37 millones de dólares.
El caso pondrá a prueba un aspecto del esfuerzo del IRS para recuperar miles de millones de dólares de los contribuyentes de altos ingresos que establecieron refugios similares en los años 1990 y 2000.
El IRS inicialmente aplicó una penalidad del 40 por ciento en los impuestos no pagados que la agencia dijo que se debían, pero el Quinto Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Nueva Orleans dictaminó en 2012 que la penalidad del 40 por ciento no se aplicaba en el caso Woods.
Actuando en nombre de las asociaciones que Woods y McCombs formaron, Woods instó a la Corte Suprema a no escuchar el caso. Sostuvo que el efecto sería limitado porque el Congreso cambió la ley en 2010 para permitir explícitamente la pena del 40 por ciento para los casos futuros.
La decisión del tribunal sólo se aplicará a los casos presentados antes de 2010, pero el procurador general de la administración Obama argumenta que «cientos de millones de dólares» en multas fiscales están en juego, según los archivos del tribunal.
La Corte Suprema aún no ha programado el caso pero dijo que lo tomará durante su período de nueve meses que comienza en octubre.
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