Un grupo de 26 grupos minoristas, inmobiliarios y otros grupos empresariales apelaron recientemente al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Robert Goodlatte (R-VA), para que les ayudara a impulsar la legislación propuesta que permitiría a los estados recaudar impuestos sobre las ventas en línea.
El movimiento proporcionaría «claridad, uniformidad y paridad a los comerciantes de América en el mercado multicanal de hoy», el grupo escribió el mes pasado en una carta a Goodlatte.
Observando que las reuniones sobre el tema se han prolongado durante tres años, el grupo dijo que ya es hora de que el comité considere la H.R. 2775, la Ley de Paridad de Transacciones Remotas, y la aún no introducida Ley de Simplificación de Ventas en Línea de 2015.
La Ley de Paridad de Transacciones Remotas fue introducida en junio de 2015 por el representante Jason Chaffetz (R-UT). Según Congress.gov, el proyecto de ley está ante el subcomité de reforma regulatoria, comercial y de leyes antimonopolio del Comité Judicial.
Pero el interés del grupo en la Ley de Simplificación de Ventas en Línea puede enfrentarse a importantes obstáculos.
En enero de 2015 se distribuyó un borrador de discusión del proyecto de ley, que provocó la ira de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL). En una carta ese mismo mes al entonces Presidente de la Cámara de Representantes John Boehner (R-OH), la NCSL dijo que el borrador de Goodlatte viola la Constitución, impone nuevos impuestos en estados sin impuestos de venta, y eleva los impuestos de las personas que hacen compras en estados con impuestos de venta más altos.
«Encontramos esta propuesta poco sincera ofensiva y creemos que valida la falta de voluntad del presidente de trabajar de buena fe con los estados para resolver un problema cada vez mayor», declaró el NCSL.
La reciente carta del grupo a Goodlatte también deja clara una creciente frustración, aunque en un sentido diferente.
La falta de acción federal aumenta la probabilidad de que los estados individuales tomen medidas y, de hecho, la carta señala que Colorado y otros cuatro estados exigen a los vendedores a distancia que informen a los consumidores y a las agencias estatales sobre las compras que superen los 500 dólares.
«Esta ley no sólo crea una carga administrativa innecesaria para los vendedores a distancia, sino que también abre la puerta a serias preocupaciones sobre la privacidad de los consumidores», afirma la carta.
Las medidas adoptadas por los distintos Estados darán lugar a «remedios inconexos y confusos» y podrían «estimular la acción judicial», declaró el grupo, añadiendo que el enfoque estatal también impide que las empresas se beneficien de medidas más sencillas, como definiciones uniformes o software fiscal gratuito.
Los miembros del grupo que está detrás de la carta incluyen la Cámara de Comercio de EE.UU., el Consejo Internacional de Centros Comerciales, la Federación Nacional de Minoristas, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, la Asociación Nacional de Artículos Deportivos y la Asociación de Líderes de la Industria Minorista.
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