La representante Diane Black (R-TN) se puso en contacto con el IRS el jueves después de que un nuevo informe de vigilancia encontrara que la agencia no había realizado comprobaciones de antecedentes de algunos contratistas que tenían acceso a datos sensibles de los contribuyentes.
«Los estadounidenses merecen que su información personal sea tratada con seguridad y discreción, y el IRS debe seguir las políticas que están ahí para proteger a los contribuyentes del fraude y el robo de identidad», dijo Black, que es miembro del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, en una declaración escrita. «El patrón de comportamiento inexcusable en el IRS es inaceptable y por eso necesitamos presionar para reformar esta agencia, especialmente a la luz de sus nuevas responsabilidades de supervisar las decisiones de los americanos en materia de salud. Continuaré trabajando con mis colegas del Comité de Medios y Arbitrios para llevar a cabo la necesaria supervisión del IRS y hacerlos responsables ante el pueblo americano por sus acciones».
En su informe, que se dio a conocer públicamente el jueves, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) determinó que los datos de los contribuyentes y otra información sensible pero no clasificada (SBU) pueden haber estado en peligro debido a la falta de requisitos de investigación de antecedentes en cinco contratos de servicios de mensajería, impresión, recuperación de documentos e interpretación de lenguaje de signos.
La política del IRS requiere investigaciones de antecedentes para el personal de los contratistas que tienen o requieren acceso a la información de la SBU, incluyendo los datos de los contribuyentes.
Durante su auditoría, el TIGTA descubrió que en un contrato de servicios de impresión, el IRS proporcionó al contratista un disco compacto que contenía 1,4 millones de nombres de contribuyentes, direcciones y números de la Seguridad Social; sin embargo, ninguno de los empleados del contratista que trabajaba en el proyecto fue objeto de una investigación de antecedentes.
Además, el TIGTA encontró 12 contratos de servicio para los que se exigía la comprobación de los antecedentes de los empleados en el contrato, pero algunos contratistas no tenían la aprobación de acceso provisional ni la investigación final de los antecedentes antes de empezar a trabajar en los contratos. También se identificaron 20 contratos en los que algunos contratistas no habían firmado acuerdos de no divulgación.
«Permitir a los empleados de los contratistas el acceso a los datos de los contribuyentes sin una adecuada investigación de antecedentes expone a los contribuyentes a un mayor riesgo de fraude y robo de identidad», dijo el Inspector General del Tesoro J. Russell George en una declaración escrita.
En junio de 2013, después del período cubierto por la auditoría del TIGTA, el IRS emitió una guía más explícita indicando que todo el personal del contratista que requiera o tenga acceso a la información del SBU tendría que completar, firmar y presentar un acuerdo de no divulgación aprobado.
El IRS estuvo de acuerdo con cuatro de las cinco recomendaciones que el TIGTA esbozó en su informe, incluida la actualización de su plan de gestión de incidentes (IMP) para incluir procedimientos para las adquisiciones de emergencia, así como para abordar las preocupaciones de la investigación de los antecedentes de los contratistas.
«Nos comprometemos a asegurar que se realicen investigaciones de antecedentes para el personal del contratista que tenga acceso a la información de la SBU», escribió J. Stuart Burns, jefe de los servicios compartidos de la agencia del IRS, en respuesta al informe del TIGTA.
Sin embargo, la agencia tributaria no estuvo de acuerdo en que la Oficina del Asesor Jurídico Principal trabajara con la Oficina de Seguridad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para examinar la exención de la investigación de antecedentes emitida en agosto de 2005 y determinar si la exención sigue siendo apropiada. Esa exención exime a los testigos expertos de las investigaciones de antecedentes.
«El Abogado Jefe opina que no es necesario volver a examinar la exención con respecto a los testigos expertos emitida por la Oficina de Seguridad del Tesoro», escribió Burns. «Estos testigos no obtienen acceso como el personal a las instalaciones y sistemas del IRS. Cada testigo experto firma un acuerdo de no divulgación para que sean conscientes de sus responsabilidades de mantener la confidencialidad de la información de los contribuyentes o de la SBU. Además de disuadir el incumplimiento, las consecuencias de la divulgación no autorizada se describen en el acuerdo de no divulgación. Los datos de la SBU a los que están expuestos son limitados y sólo son pertinentes para el caso en cuestión. El abogado responsable del litigio realiza cuidadosamente una investigación para asegurarse de que no hay nada en los antecedentes del experto que pueda perjudicar su credibilidad».
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